No entiendo la lógica gubernamental en cuanto a la venta obligatoria de renuncias de los servidores públicos.
Dicen las autoridades que la policía hizo labores de inteligencia durante meses para detectar a aquellos servidores “que no querían trabajar las horas completas, que marcaban tarjeta y se iban a trabajar en otro lado, que trataban mal a los pacientes”.
A estas personas (unas 2700) les están entregando indemnizaciones cuyo tope es de 39.600 dólares.
Lo que no me cuadra es por qué les pagan ese dinero si los servidores que sacaron (o buena parte de ellos) eran malos, tenían “actitudes de corrupción” (como ha dicho también una ministra).
Equivale a premiar a los malos servidores, a los corruptos. Así, resulta que es bueno ser malo.
¿Qué era lo adecuado? Si había indicios claros de que eran malos trabajadores, corruptos, debían seguirles los procesos administrativos y penal correspondiente. Luego del cual, aquellas personas salieran del servicio público sin el dinero que no se merecen, dinero de todos. Y hasta la cárcel podía ser su castigo.
Pero claro, el gobierno prefiere la vía fácil, aunque incongruente.
